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El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció que la cartera que dirige, junto con la de Desarrollo Social (Mides), retirará a las personas que ocupen espacios públicos o portales de edificios.   

Estos lugares no constituyen un derecho de vivienda y la medida es “para bien de las personas que están en esa situación y para el resto de la comunidad”, afirmó.

En conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, este martes 16, Larrañaga añadió que el Ministerio del Interior trabajará con el Mides para que la vía pública no sea “un ámbito de vida”, ya que permanecer allí afecta a la dignidad de las personas, quienes tienen el legítimo derecho a la vivienda y a ser ayudadas por el Estado.

Consideró que las bajas temperaturas representan un peligro para quienes habitan en las calles y los vuelven aún más vulnerables. “Por eso, apelaremos a la normativa jurídica”, puntualizó. En ese sentido, afirmó que, de acuerdo con las posibilidades, se procederá a la reubicación de estas personas.

El jerarca indicó que a todos ciudadanos los asiste el derecho constitucional a la vivienda y a una vida digna y que el Estado debe procurar proveerlas. Se trabajará para cumplir ese objetivo con respeto y el cuidado correspondiente en el procedimiento, sostuvo.

Consultado por los medios informativos sobre la posibilidad de que se produzcan desacatos, Larrañaga afirmó que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que ordene los pasos mediante su intervención. 

El estado de las cárceles

El ministro del Interior manifestó su preocupación por la situación de las cárceles en Uruguay y coincidió, según dijo, con el presidente Lacalle Pou en entregar a la Comisión Bicameral del Parlamento un informe acerca de la situación del sistema penitenciario, “que impacta en la sociedad y el país”. Adelantó que se presentará material audiovisual para atestiguar el estado edilicio de muchas de las cárceles de todo el territorio. 

En relación con los episodios de violencia en centros penitenciarios, Larrañaga advirtió la importancia de atenderlos especialmente, ya que, de cada diez personas que recuperan la libertad, más del 60 % reincide, precisó. 

Agregó que, si bien es partidario del principio de autoridad, también se deben priorizar políticas que impulsen la rehabilitación, por lo cual agradeció el esfuerzo de los operarios penitenciarios y los funcionarios policiales de las 26 cárceles que integran el Instituto Nacional de Rehabilitación.

El secretario de Estado señaló que en los próximos días se realizará una rendición de cuentas sobre la situación de las cárceles. “Algo que hubiéramos querido hacer en la primera quincena de marzo” y que por la emergencia sanitaria no se pudo concretar, sostuvo. 

Fuente: www.presidencia.gub.uy