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Sólo el 3% de los residuos electrónicos de América Latina se recogen a través de canales formales y se tratan de manera ambientalmente racional.  

No hay certeza sobre el 97% restante, que puede incluir 1.700 millones de dólares en materiales recuperables al año.

El informe  Monitoreo Regional de Residuos Electrónicos para América Latina  ( Regional E-Waste Monitor for Latin-America ) es la primera evaluación de las Naciones Unidas sobre el volumen de residuos electrónicos de la región, su legislación y su infraestructura de gestión.

El informe ha sido elaborado por el Programa de Ciclos Sostenibles ( SCYCLE ), copatrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU, por sus siglas en inglés) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). Abarca los 13 países que participan en el  proyecto ONUDI-FMAM sobre residuos electrónicos de América Latina y el Caribe : Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

 "Los residuos electrónicos constituyen uno de los flujos de residuos físicos de más rápido crecimiento en el entorno mundial actual y son una amenaza para el desarrollo", dice el informe sostenible.

El acceso a los datos sobre los residuos electrónicos es crucial para hacer frente a esta amenaza y, sin embargo, son pocos los países que recopilan estadísticas de residuos electrónicos comparables a nivel internacional.

El coautor, Ruediger Kuehr, Director de SCYCLE, dijo que: "Este informe fue creado, con la cooperación de 13 países, para apoyar y facilitar la gestión ambiental racional de los residuos electrónicos en la región".

 El informe concluye que los residuos electrónicos en los 13 países de América Latina aumentaron un 49% entre 2010 y 2019, de manera similar a la media mundial, pero solo el 3% se recogió y gestionó de forma segura, una fracción del 17,4 % del promedio mundial. Mientras que los recicladores informales "seleccionan" algunos elementos valiosos de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, la mayor parte del 97% restante se gestiona de forma inadecuada.

 En 2019, los residuos electrónicos generados por 206 millones de ciudadanos en los 13 países alcanzaron 1.300.000 toneladas (1,3 megatoneladas, de las cuales casi el 30% eran de plástico), lo que equivale al peso de una línea de 670 km de camiones de 40 toneladas completamente cargados. La cifra comparable en 2010 fue de 900.000 toneladas generadas por unos 185 millones de ciudadanos.

Las sustancias peligrosas de los residuos electrónicos de la región comprenderán al menos 2.200 kg de mercurio, 600 kg de cadmio, 4,4 millones de kg de plomo, 4 millones de kg de retardantes de llama bromados y 5,6 megatoneladas de gases de efecto invernadero (debido a los refrigerantes).

Según el informe, "existe una mala gestión de estas sustancias en la región y es probable que no se traten, manifestando diversos riesgos para la estabilidad de un medio ambiente sano".

Mientras tanto, "la gestión de los residuos electrónicos podría ser una oportunidad económica", dijo el coautor, Kees Baldé, especialista científico senior de UNITAR SCYCLE. "Los residuos electrónicos generados a nivel regional en 2019 contenían 7.000 kg de oro, 310 kg de metales de las tierras raras, 591.000 kg de hierro, 54.000 kg de cobre y 91.000 kg de aluminio, lo que representa un valor total de aproximadamente 1.700 millones de dólares de materias primas secundarias".

Los 13 países participantes cuentan con algunos marcos legales y reglamentarios para la gestión de residuos, pero solo Costa Rica, Ecuador y Perú han instituido una legislación específica para los residuos electrónicos y sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) centrados en la regulación de los residuos electrónicos.

Aunque "la aplicación de estas medidas sigue siendo un desafío importante", el informe pide a todos los países de la región que introduzcan y apliquen: a) un marco jurídico y político sólido centrado en la gestión ambiental racional de los residuos electrónicos y los contaminantes orgánicos persistentes (COP) contenidos en los residuos electrónicos, ob) que supervisan y refuercen los sistemas existentes para hacerlos más eficientes y eficaces. 

 añada que la financiación y el seguimiento adecuado de los sistemas, así como la cooperación de todas las partes interesadas, son elementos fundamentales para establecer y políticas exitosas.

El desarrollo de políticas está en el centro de la intervención de la ONUDI en materia de residuos electrónicos en la región, con dos nuevas propuestas de política preparadas en el marco del proyecto ONUDI-FMAM hasta ahora, y otros cuatro en desarrollo. Además, en el marco del proyecto, dos países están redactando enmiendas a la normativa existente y se está apoyando un nuevo proyecto de ley sobre residuos electrónicos.

El proyecto también ha llevado a cabo amplias actividades de capacitación y sensibilización en toda la región y en todo el mundo, y cuenta con la participación de un amplio abanico de partes interesadas, como gobiernos nacionales y locales, productores, recicladores, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado, instituciones académicas y otros organismos de las Naciones Unidas para abordar conjuntamente la cuestión de los residuos electrónicos en la región.

 El proyecto Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para la gestión ambiental racional de los COP en los residuos de aparatos electrónicos o eléctricos (RAEE) está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y ejecutado por la ONUDI . El proyecto apoya a 13 países latinoamericanos en el fortalecimiento de la cooperación regional y el intercambio de conocimientos, y proporciona asesoramiento sobre políticas y reglamentos en materia de residuos electrónicos, tecnologías de gestión adecuada, modelos empresariales, creación de y sensibilización.

Fuente: www.un.org